“El poder come miedo. Sin los demonios que crea, perdería sus fuentes de justificación, impunidad y fortuna”, escribió alguna vez Eduardo Galeano. La familia Blaquier, dueña de la empresa Ledesma, somete desde hace décadas a un pueblo entero a la represión, al horror y a la contaminación.
El pasado 28 de julio, como consecuencia de una brutal represión, cuatro personas murieron –Félix Reyes (21), Ariel Farfán (17), Juan José Velázquez (37) y Alejandro Farfán (22, su abuela era referente de la comunidad Guaraní de Fraile Pintado) - y más de treinta resultaron heridas, en el marco de un desalojo territorial. Fue la forma que encontró el poder para perpetuarse, para sembrar el miedo entre las personas que reclaman en la ciudad de Libertador General San Martín, en la Provincia de Jujuy, por uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a una vivienda digna.
El conflicto se produjo a partir de la orden, emitida por el Juez del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 6, Dr. Jorge Osvaldo Samman, para desalojar a un grupo de 700 familias que ocupaban una parcela de 15 hectáreas -de las 135mil que la familia Blaquier posee en la provincia-. La policía jujeña llegó al lugar alrededor de las seis de la mañana y llevó adelante la disposición judicial de manera violenta frente la resistencia de las familias que allí se encontraban.
Según estadísticas de la Municipalidad de Libertador San Martín al menos el 10% de la población vive en emergencia habitacional. Quienes reclaman por sus tierras son, además de integrantes del movimiento Corriente Clasista Combativa (CCC) y familias de la policía local, miembros del pueblo Ava Guaraní. Por ello, la medida judicial impulsada por el juez Samman viola la Ley Nº 26.160 de Emergencia Territorial que establece en su artículo 2: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada [hasta noviembre de 2013], la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.
Luego de tres años de conflicto por estas tierras y de la promesa incumplida por parte de Ledesma de ceder 20 hectáreas que serían destinadas a la construcción de viviendas para las familias que viven en situación de emergencia habitacional, los vecinos de Libertador San Martín continúan sin respuestas y el poder político y judicial continúa dando indicios de su parcialidad a favor de los intereses de la familia Blaquier.
Plata Dulce
El director del Ingenio azucarero se llama Carlos Pedro Blaquier, es un abogado e historiador erudito que llegó a este puesto en la empresa, 41 años atrás, tras casarse con la única hija de Herminio Arrieta, dueño original de Ledesma.
El grupo económico posee, además de las 135 mil hectáreas en la provincia de Jujuy -de las cuales 40mil están sembradas con caña de azúcar-, fábricas de alcohol, bioetanol, celulosa, papel, empaques y procesamiento de frutas, y plantaciones de cítricos y paltas. También, a la extensa lista se suma la compañía Glocovil, una planta de molienda húmeda de maíz, y establecimientos dedicados a la producción de carne y soja transgénica. En el pasado, Blaquier incursionó en la explotación de petróleo y gas en sociedad con Repsol y Petrobrás.
Según el Estado Contable presentado por la empresa en su página web, la facturación de Ledesma osciló entre los $1500 y $2000 millones en el período comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2010.
En Libertador General San Martín los Blaquier son dueños del 80% del territorio, tal como lo definió José María Leiva, militante de la Corriente Clasista Combativa (CCC): “Adonde mires es de Ledesma”2. Por su parte, en su sitio web la empresa afirma: “Ledesma procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del medio ambiente. Este alineamiento forma parte de su estilo de hacer negocios y es la esencia de su Responsabilidad Social”3.
Comunidades sin territorio
“Dada la emergencia habitacional en la cual vive la ciudad de Libertador General San Martín, puesto que esta está sitiada, está cercada por 200 mil hectáreas de tierra propiedad de los Blaquier, los dueños del Ingenio, con 40mil hectáreas sembradas de caña de azúcar, bueno esta empresa no genera la fuerza laboral que ellos promocionan, que dicen que dan fuente de trabajo, hay una alta tasa de desocupación”, dice Oscar Delgado, integrante del movimiento Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (CAPOMA).
Además, Delgado agregó: “Las comunidades guaraníes son comunidades sin territorio, que le ha sido arrebatado por este Ingenio justamente y hoy están en un proceso de organización y reclamo de devolución de sus tierras porque es lo que les han quitado y encima sus padres y sus abuelos son quienes forjaron la riqueza de estos ingenios, ellos forjaron estos pueblos, muriendo en esos campos, muriendo en el trabajo, muriendo perseguidos por los capataces, por los matones a sueldo de las represiones de los años ’40, ’50 y después las desapariciones y torturas ya en los años ’70, en época de la Dictadura Militar, que fue apoyada por la familia Blaquier”.
“El Apagón del terror”
La noche del 20 de julio de 1976, cuando las Fuerzas Armadas estaban a cargo de la presidencia de la Argentina, las luces se cortaron en Libertador General San Martín. El apagón no fue un accidente, sino que fue parte de un plan siniestro que llevaron a cabo los militares y la policía, con la complicidad y ayuda de los capataces de la empresa Ledesma. Esa noche fueron allanadas y saqueadas viviendas y, al finalizar el operativo, cuatrocientos habitantes fueron trasladados hacia centros de detención (entre ellos galpones de mantenimiento de la propia azucarera) por vehículos del Ingenio.
Treinta personas de las cuatrocientas que fueron secuestradas esa noche aún hoy continúan desaparecidas. Entre ellos, el por entonces Intendente de la ciudad (elegido en 1973), el Dr. Luis Aredez, médico de los trabajadores de Ledesma, quién, al estar al mando de la ciudad, intentó que por primera vez en su historia la empresa pagara impuestos. Nunca más fue encontrado. Su esposa se transformó en la primera mujer en ponerse el pañuelo blanco y caminar por la plaza de Libertador San Martín en busca de respuestas.
A causa de la lucha llevada adelante por la mujer del desaparecido intendente, se conformó el CAPOMA, una de las organizaciones que luchan en la ciudad por esclarecer los hechos que se dieron durante la Dictadura y por soluciones en cuanto al problema habitacional.
En el año 2005, Olga Márquez de Aredez moría en Libertador General San Martín víctima de una enfermedad llamada bagazosis, producida por el bagazo, el desecho de la caña de azúcar que los habitantes de la ciudad aspiran durante toda su vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario